El líder de una organización de contrabando y cinco de sus cómplices han sido condenados por conspirar para traficar indocumentados, según el fiscal del distrito sur de Texas, Alamdar S. Hamdani.

Saúl Torres-Martínez, conocido como Cobra, de 42 años y residente de Houston; Ernesto Mata Pioquinto, de 32 años, originario de México; Marcelino Navarro Sánchez, de 31 años, también de México; Robert Hernández, de 26 años, residente de Fresno; Noemí Silva, de 39 años, de Wimauma, Florida; y Luis Esteban Martínez, de 41 años, de Álamo, se declararon culpables el 6 de julio de 2021.

En McAllen, el juez federal Randy Crane consideró a Torres-Martínez como el líder u organizador de la operación de contrabando y le impuso una condena de 110 meses. Pioquinto y Sánchez recibieron 52 meses, mientras que Hernández, Silva y Martínez fueron sentenciados a 39, 87 y 87 meses de prisión federal, respectivamente.

Hernández, Silva y Martínez cumplirán tres años de libertad supervisada tras sus penas de prisión. Dado que no son ciudadanos estadounidenses, Torres-Martínez, Pioquinto y Sánchez enfrentarán un procedimiento de expulsión después de cumplir sus respectivas condenas. Al dictar la sentencia, el juez Crane resaltó la gravedad del delito y expresó su preocupación por el daño que Torres-Martínez había causado a la comunidad.

Esta condena es el resultado de una investigación de aproximadamente dos años sobre el contrabando de personas en el Valle del Río Grande. Las fuerzas del orden identificaron y detuvieron a seis miembros de la organización de contrabando de personas conocida como "Cobra".

Según las autoridades, esta red de contrabando fue responsable de transportar a más de 100 personas indocumentadas desde la frontera mexicana hasta Houston entre 2018 y 2019. Además, durante la investigación, se descubrió que los miembros de la organización de contrabando de personas estuvieron involucrados en la muerte de una de las personas contrabandeadas, así como en una presunta agresión sexual a otra víctima.

La investigación fue realizada en el Valle del Río Grande por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. El caso fue llevado por el fiscal federal adjunto Matthew Phelps.

Este veredicto sirve como un recordatorio contundente de que las autoridades están comprometidas a combatir el tráfico de personas y que aquellos que participen en estas actividades ilegales enfrentarán severas consecuencias legales.