Debaten ley migratoria que sanciona a transportistas de inmigrantes indocumentados
El gobernador de Texas, Greg Abbott, planea controlar la entrada ilegal de inmigrantes por México mediante algunas medidas en la legislatura estatal, la cual también quieren castigar a los que transportan a los inmigrantes.
Ante esta situación, la organización LUPE anunció estar en contra de estas medidas debido a que afectaría directamente a la comunidad indocumentada que vive en Valle.
Según los reportes de LUPE, varios diputados locales del Valle votaron a favor de la medida del senado estatal número 4, que incluye a Bobby Guerra, Óscar Longoria, Janie López, entre otros representantes.
De aprobarse esta medida, los taxistas recibirían una sentencia mínima de 10 años en la cárcel por darle transporte a un indocumentado.
"Sorprendidos, decepcionados un poquito y frustrados", expresó Michael Mireles, representante de LUPE.
Por su parte, un activista de la Unión del Pueblo Entero compartió su enojo por una de las varias medidas que busca realizar el gobernador de Texas.
"Estos tipos de leyes no mandan un mensaje de que la gente del Valle son escuchados y representados en la legislatura", agregó Mireles.
Las medidas incluyen la medida HB6, que tiene por finalidad ampliar los fondos a 1,5 millones de dólares para construir un muro fronterizo estatal.
La SB11 busca darle poder a un oficial de policía en Texas para hacer cumplir las leyes migratorias.
Finalmente, la HB4 tiene como objetivo darle el poder a un policía para detener y deportar inmigrantes indocumentados.
Para Jon Taylor, experto y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Texas en San Antonio, el gobernador Greg Abbott está tratando de cumplir su meta de hacer cumplir leyes que según la corte suprema, no son de competencia de los estados.
Taylor agrega que no le sorprendería que haya litigios legales por estas medidas si se convierten en leyes, y que tampoco le sorprendería que la corte suprema con una bancada en su mayoría conservadora revoque el juicio del caso que prohíbe que los estados hagan cumplir leyes migratorias.