Quienes buscan asilo y fueron enviados a Matamoros bajo el programa "Quédense en México" luchan por encontrar representación legal.

Existe un nuevo programa piloto implementado para ayudarles.

En el 2017, los últimos registros disponibles muestran que el 90 por ciento de las personas sin un abogado perdieron su caso de solicitud de asilo.

Con un abogado, los rechazos disminuyeron a un 54 por ciento.

De todos los migrantes enviados de regreso a México hasta el mes de junio, solo el uno por ciento tiene abogado.

"Es totalmente triste la falta de habilidad para obtener un abogado que pueda ir a Matamoros para que represente a las personas que estan en el programa MPP", explica Jodi Goodwin, abogada de inmigración.

En esta central de autobuses en Brownsville, un grupo de voluntarios recibe un curso sobre el programa el protocolo de proteccion al migrante o MPP.

Miles de migrantes son enviados de regreso a México bajo este programa.

Esperan ahí hasta que llegue su audiencia en la corte de los Estados Unidos.

Después regresan solo para presentarse ante un juez.

La abogada de inmigracion, Jodi Goodwin explica qué es lo que sucede después.

"Vas a tu primer audiencia, y el juez te explica tus derechos. Después el juez te pregunta si quieres tiempo para buscar a un abogado. Te da tiempo para que encuentres un abogado y te reagenda el caso dentro de tres meses", menciona Goodwin.

Un abogado puede ayudar pero esos abogados están en los Estados Unidos y los migrantes están en México.

Es por eso que al menos una vez al mes Goodwin y otros voluntarios cruzan el puente a Matamoros.

Ofrecen talleres a los solicitantes de asilo.

Recientemente, empezaron un programa especialmente para los que estan bajo el programa MPP.

"Les explicamos detalladamente sus derechos y procedimientos, una explicación muy detallada de cómo tienen que responder a los cargos de deportación que el gobierno les puso, también cómo llenar las formas de solicitud de asilo y trabajamos con ellos para obtener su documentación", menciona Goodwin.

Esperan reducir hasta seis meses en cada caso.

Es una meta ambiciosa para este pequeño grupo.

Los abogados que consideran unirse tienen ciertas preocupaciones.

"Tratar no solo con el gobierno mexicano, potencialmente, dar retroceso a los abogados estadounidenses que ingresan a México para brindar asesoramiento legal, sino también las preocupaciones básicas de seguridad de la violencia de los carteles a lo largo de la frontera", comenta Karla Vargas.

Karla Vargas en una abogada de inmigración para el proyecto de los Derechos Civiles de Texas.

Recientemente se unió al grupo voluntario sabiendo que las visitas son limitadas en el puente.

También está el costo a considerar.

Los honorarios legales varían por abogado y experiencia.

Goodwin ha ejercido por 24 años.

"Mi tarifa regular por hora es de $300 por hora. En dólares, cada vez que voy a Matamoros estoy regalando un trabajo mínimo de $1200 en trabajo", indica Goodwin.

Entre documentación, entrada de datos y llamadas, es un promedio de 20 horas por semana para un trabajo pro-bono.

Los voluntarios ayudan a los migrantes a llenar los documentos.

Con su autorización, esas formas son compartidas con una red de abogados que podrían tomar sus casos.