En México, el gobierno sigue de cerca lo que ocurre en el estado de Texas, por la iniciativa de la ley SB4.  

La postura oficial destaca la preocupación por la posible criminalización de migrantes, que podría resultar en la separación de familias y discriminación por aspectos raciales.

En un comunicado también ha expresado su rechazo a las medidas aprobadas en Texas, las cuales califican de "anti-inmigrantes".

Para los días 16 y 17 de noviembre programaron una reunión de trabajo a la que asistirán las once representaciones mexicanas en Texas, quienes se enfocaran en planificar acciones de asistencia y protección consular a la población.