Los fiscales federales informaron el jueves a un juez que el gobierno del presidente Donald Trump planea deportar a Kilmar Ábrego García a un país que no sea su natal El Salvador una vez que sea liberado de la cárcel en Tennessee. Un fiscal federal le dijo esto a un juez federal en Maryland.

El abogado del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, mencionó que los procedimientos de expulsión serían hacia un "tercer país". Sin embargo, también dijo que no hay "planes inminentes" para deportar a Ábrego García y que el gobierno de Estados Unidos cumpliría con todas las órdenes judiciales.

Guynn reconoció los planes del gobierno en una conferencia telefónica planificada apresuradamente con los abogados de Ábrego García y la jueza federal de distrito, Paula Xinis, en Greenbelt, Maryland. Los abogados del acusado habían presentado una solicitud de emergencia para que Xinis ordenara al gobierno que lo traslade a Maryland cuando sea liberado en Tennessee, un arreglo que evitaría su deportación antes de que enfrente el juicio.

"Tenemos preocupaciones de que el gobierno pueda intentar expulsar al señor Ábrego García rápidamente durante el fin de semana, o algo así", le dijo a Xinis Jonathan Cooper, uno de los abogados, durante la llamada.

Fiscal dice que "no hay un plazo"

Sin embargo, la jueza dijo que no podía actuar tan rápidamente como los abogados de Ábrego García desearían. Explicó que debía considerar las mociones pendientes del gobierno de Trump para desestimar el caso antes de poder decidir sobre la solicitud de emergencia. La impartidora de justicia programó una audiencia judicial para el 7 de julio en Maryland para discutir la solicitud de emergencia y otros asuntos.

No se sabe si el gobierno buscaría deportar a Ábrego García antes de que enfrente el juicio en Estados Unidos por cargos criminales revelados a principios de este mes.

Guynn le dijo a la jueza durante la llamada del jueves que "no hay un plazo".

"Planeamos cumplir con las órdenes que hemos recibido de este tribunal y de otros", dijo. "Pero no hay un plazo para estos procedimientos específicos".

Deportar a Ábrego García antes de su juicio sería un retroceso para una administración que lo trajo de regreso desde El Salvador hace solo unas semanas para enfrentar cargos de tráfico de personas, sobre lo que la secretaria de Justicia Pam Bondi dijo: "Así es como se ve la justicia estadounidense".

El trabajador de la construcción de Maryland se convirtió en un punto de controversia sobre las políticas de inmigración del presidente Donald Trump tras ser deportado por error en marzo a su natal El Salvador. Ha estado preso en Tennessee desde que fue devuelto a Estados Unidos el 7 de junio para enfrentar cargos federales de tráfico de personas.

La jueza magistrada federal de Nashville, Barbara Holmes, dictaminó que Ábrego García tiene derecho a ser liberado mientras espera el juicio. Sin embargo, decidió el miércoles mantenerlo bajo custodia por al menos unos días más debido a preocupaciones de que los agentes de inmigración de Estados Unidos intentaran deportarlo nuevamente de manera rápida.

Los abogados de Ábrego García en Maryland, donde su esposa presentó una demanda contra el gobierno de Trump por su deportación en marzo, han ofrecido una posible solución. Pidieron al juez federal que supervisa la demanda que ordene al gobierno que lo traslade a Maryland mientras espera el juicio en Tennessee.

"Si este Tribunal no actúa rápidamente, es probable que el Gobierno se lleve a Ábrego García a algún lugar lejos de Maryland", escribieron los abogados del salvadoreño en su solicitud a la jueza federal de distrito de Greenbelt, Paula Xinis.

Ábrego García vivió en Maryland, justo en las afueras de Washington, con su esposa e hijos estadounidenses durante más de una década. Su deportación violó una orden emitida en 2019 por un juez federal de inmigración que prohibía su expulsión a su país natal. El juez determinó que Ábrego García enfrentaba una amenaza creíble de las pandillas que lo habían aterrorizado a él y a su familia.

El gobierno de Trump describió su violación de la orden del juez de inmigración de 2019 como un error administrativo. Trump y otros funcionarios insistieron en las afirmaciones de que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13, una acusación que el acusado niega.

Ábrego García se declaró inocente el 13 de junio de los cargos de tráfico que sus abogados han caracterizado como un intento de justificar su expulsión errónea a una famosa prisión de El Salvador.

Esos cargos se derivan de una parada de tráfico por exceso de velocidad ocurrida en 2022 en Tennessee, durante la cual Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje.

Holmes, la jueza magistrada de Tennessee, escribió el domingo en un fallo que los fiscales federales no lograron demostrar que Ábrego García presentara un riesgo de fuga o constituyera un peligro para la comunidad.

El miércoles, en una audiencia judicial, Holmes estableció condiciones específicas para su liberación que incluían que Ábrego García viviera en Maryland con su hermano, un ciudadano estadounidense. Pero se abstuvo de liberarlo debido a preocupaciones de que los fiscales no pudieran evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo deporte.

Holmes ordenó a los abogados de Ábrego García y a los fiscales que presenten informes sobre el asunto el jueves y el viernes, respectivamente.

Estados Unidos tendrá que mover sus palancas diplomáticas

César Cuauhtémoc García Hernández, catedrático de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que el gobierno de Trump estaría "totalmente en el ámbito de su poder legal para intentar expulsarlo a algún otro país".

"El gobierno de Trump tendría que mover sus palancas diplomáticas", agregó el profesor. "Es inusual, pero no inaudito".

Ábrego García también podría impugnar en el tribunal de inmigración las acusaciones penales y los intentos de expulsarlo mientras demuestra sus vínculos con Estados Unidos, dijo García Hernández.

Cualquiera que sea la decisión que tome un juez de inmigración, puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, dijo el experto. Y la decisión de la junta puede luego ser impugnada en un tribunal federal de apelaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.