MCALLEN - El jurado deliberará sobre el destino de un médico del Valle, su esposa y una asistente financiera acusados de fraude al sistema de salud.

El jurado eligió a un portavoz quien pidió permiso para comenzar las deliberaciones el martes.

El juez de distrito de Estados Unidos Ricardo Hinojosa dio instrucciones al jurado de que regresaran a deliberar el martes a las 8:30 a.m.

El lunes se presentaron los argumentos finales en el caso del reumatólogo Dr. Jorge Zamora-Quezada, su esposa, Meisy Zamora, y su supervsiora financiera, Estella Natera.

El médico enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude de asistencia médica, fraude de asistencia médica, y conspiración para obstruir la justicia. Su esposa y Natera solo enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude de servicios médicos después de que se cambiara la sentencia el lunes por la mañana.

“Ganar dinero fue más importante que los pacientes” señalaron los fiscales del gobierno al comenzar sus argumentos finales. Cubrieron el plan de 5 pasos que piensan se utilizó en la oficina del médico y que se realizó con la ayuda de Zamora y Natera.

El primer paso fue encontrar a pacientes vulnerables. Los abogados del gobierno mencionan que el médico era el único que podía reunirse con los pacientes en su primera visita. De esa forma el Dr. Zamora-Quezada lso diagnosticaba y los enviaba a realizarse exámenes de diagnóstico. A esto seguía un diagnóstico falso de artritis reumatoide, una enfermedad que requeriría varias visitas. Los fiscales citaron el testimonio de testigos de otros médicos que trabajaron con el Dr. Zamora-Quezada.

Estos médicos mencionaron que examinaron a pacientes que habían sido diagnosticados con artritis reumatoide por Zamora-Quezada, y frecuentemente estaban en desacuerdo con el diagnóstico, lo cambiaban y terminaban con el tratamiento.

Sin embargo, cuando el Dr. Zamora-Quezada veía los cambios, los revertía a su diagnóstico inicial. El diagnóstico erróneo permitía referir los servicios innecesarios a su clínica extendida que incluía equipo propiedad de Zamora-Quezada.

Algunos testigos describieron la oficina médica como un “Walmart de medicina” o una “línea de ensamblaje para pacientes.“

Esos servicios se cobraban a los programas de seguro médico. Cuando se presentaban esos reclamos, el gobierno afirma que la oficina de Zamora-Quezada falsificaba documentos. En una ocasión, cuando una compañía de seguros rechazó un reclamo como médicamente innecesario, cambiaban el resultado de una prueba de sangre de negativo a positivo.

El paso final en la conspiración era mentir a los programas de seguro médico -- Medicare, Medicaid, TriCare y Blue Cross Blue Shield – para obtener un pago.

 Los abogados defensores recordaron al jurado sobre la responsabilidad del gobierno de comprobar que los crímenes se cometieron intencionalmente y sin duda razonable.

Los abogados defensores del Dr. Zamora-Quezada recordaron a los miembros del jurado de su preocupación sobre el análisis presentado por un experto contratado por el gobierno. Un estadista subió al estrado y habló sobre su análisis de reclamos médicos y la información financiera.

Los abogados defensores cuesitonan que la información usada después de que el experto mencionara que usaron la información de pacientes que solo recibieron una prueba de diagnóstico como  de pacientes diagnosticados con artritis reumatoide. Al preguntarle sobre la metodología empleada para examinar los datos, el experto admitió que había confusión sobre las fechas de servicio y fechas de envío. Los abogados defensores sostienen que las fechas son importantes para establecer que los datos pertenecen al período de tiempo en que el gobierno afirma que ocurría el crimen.

El equipo legal que representa a los acusads describió el testimonio ofrecido por los testigos del gobierno como “opiniones no verificadas de ex-empleados.”. Pidieron al jurado que consideraran su historial de empleo o sus antecedentes criminales, algunos de ellos fueron despedidos o tuvieron que renunciar.

“Las cuotas por cumplir no son una señal de productividad, sino una señal de fraude,” dijeron los fiscales del gobierno al jurado al recordarles de su acusación de que Meisy Zamora las imponía y pedía un registro diario para monitorear la información financiera.

Su abogado mencionó que estas cuotas son “comunes” y funcionan como una medida de productividad que ayuda a los consultorios médicos a asegurarse de que los pacientes reciben las pruebas que los médicos piden.

El abogado de Estella Natera, Al Alvarez, fue el último en presentar sus argumentos. Explicó qie el gobierno afirma que el crimen se cometió para enriquecer a los involucrados, pero la clasificó como solo “una persona trabajadora” que ganaba un salario anual de $35,000.

Alvarez tmabién cuestionó por qué Natera fue acusada después de haber estado bajo vigilancia por un día.

El fiscal del gobierno dijo al jurado que Natera era una cómplice cuando aceptó el trabajo.

Los testigos mencionaron que no se enviaban reclamos sin su aprobación.

Los fiscales del gobierno afirmaorn que mintió a agentes del FBI  negando que hacía 100 reclamos diarios, pero de acuerdo a otros testigos enviaba un promedio de 95 a 105 reclamos diarios.

Antes de terminar los alegatos finales, el abogado defensor Trey Martinez pidió al jurado  que rechazaran la acusación, porque esto desalentaría a que futuros reumatólogos pidieran pruebas para sus pacientes. Los fiscales mencionaron que este caso es sobre ambición y mentiras que se usaron para ganar más dinero al ordenar exámenes innecesarios.