Texas es responsable por cubrir 1.254 millas de la frontera de México. El proyecto de ley S.B. 8, promovido por el gobernador Greg Abbott, obligaría a las autoridades locales a colaborar con inmigración federal.

En El Valle del Río Grande, la controvertida propuesta está provocando opiniones divididas. 

La propuesta S.B. 8 requeriría que los alguaciles en Texas usen bases de datos federales para identificar a personas sin documentos que estén bajo su custodia, y mantenerlas detenidas hasta que sean entregadas a ICE.

"Mi reacción inicial es que si ya para nuestra comunidad estaban por decirlo así viviendo en constante miedo de ya incluso ni siquiera salir a laborar o manejar ya con esta ley la comunidad está bastante aterrorizada y lo entiendo y de mi parte ya es mezclar la ley federal con la ley estatal que significa que ahora va a ver muchas más detenciones", agrega Susana Silva, abogada de inmigración.

Esto es una extensión de la ley de inmigración, que normalmente corresponde al gobierno federal. 

Ahora el estado dará la responsabilidad a los alguaciles.

La ley, que se espera sea firmada por el gobernador Abbott, también requerirá acuerdos formales obligando a los sheriffs a actuar como parte de inmigración.

"Básicamente, su mensaje fue que, si bien el énfasis en la frontera, en cuanto a la cantidad de cruces, ha disminuido, prometió apoyar a los alguaciles fronterizos en nuestra misión. Nos prometió mayor seguridad, ya que estamos en primera línea, y nos hizo una promesa: destinar más fondos a la Operación Estrella Solitaria", agrega Eddie Guerra, alguacil del condado Hidalgo.

Desde el lado opuesto, líderes del partido republicano en el sur de Texas defienden la medida. Toni Treviño, presidenta del partido en el condado Starr, afirma que esto simplemente formaliza algo que ya hacen muchos departamentos.

"Eso significa que, por lo general, estas personas han infringido alguna ley para contactar con las autoridades locales. Este programa les permitirá identificarlos y emitir órdenes de detención para que permanezcan detenidos, creo que durante 48 horas, hasta que el ICE pueda recogerlos. La mayor preocupación aquí son, sobre todo, quienes no están detenidos", agrega Toni Treviño, presidente republicano del condado Starr

Treviño también explica que S.B. 8 contempla fondos estatales para ayudar a condados pequeños a cubrir los costos de estas colaboraciones.

"Las subvenciones otorgan fondos a estos condados y también exigen que quienes no cooperan con el gobierno federal se unan para ayudar a Texas y al gobierno federal a proteger nuestra frontera, porque tenemos el derecho a protegerla. Y, por supuesto, el sheriff del condado de Hidalgo me dijo hace unas semanas que estamos aquí para servir a la gente", agrega Toni Treviño, presidenta republicano del condado Starr.

Mientras el proyecto de ley S.B. 8 se acerca a la firma del gobernador, abogados y organizaciones de derechos civiles ya analizan posibles acciones legales.