Texas podría dar un nuevo giro a su política migratoria con la ley SB-8, una medida que obligaría a los alguaciles a colaborar con la agencia ICE en las cárceles locales.

La legislación, ya aprobada por la legislatura estatal, espera solo la firma del gobernador Abbott para entrar en vigor en enero.

En el condado Cameron, las autoridades locales y abogados ya están analizando las implicaciones de la ley SB-8. Si se promulga, más de 230 condados en Texas estarían obligados a formalizar acuerdos con ICE y permitir que sus alguaciles cuestionen el estatus migratorio de los detenidos.  Una medida que ha generado una fuerte ola de críticas.

El estado de Texas se encamina a reforzar sus políticas migratorias con la inminente promulgación de la ley SB-8, que obligará a la mayoría de los sheriffs a colaborar con ICE en la identificación y detención de migrantes.

234 de los 254 condados texanos se verían afectados, ya que en ellos operan centros de detención o cárceles que prestarían servicio directo al gobierno federal.

"Vamos a participar en esto, pero no más en la cárcel, a modo que vamos a tener personal que va a ser entrenado para entrevistar prisioneros que han traído a nuestro reclusorio y entrevistarlo para ver si él o ella está aquí ilegal", agrega Manuel Treviño, Sheriff del condado Cameron.

El Sheriff del condado Cameron Manuel Treviño, señala qué ellos ya trabajan en coordinación con agencias federales, pero esta ley implica una mayor carga operativa que los mismos departamentos del Sheriff tendrán que pagar.

"Esta ley es como cualquier otra ley, si el gobernador da una orden, nosotros tenemos una obligación, obligación de corresponder a la orden esa", agrega Treviño.

La legislación, impulsada por republicanos en ambas cámaras, será firmada por el gobernador Greg Abbott en los próximos días.

La ACLU (unión estadounidense por las libertades civiles) ha calificado la ley como una herramienta de deportación masiva y advierte que disminuirá la seguridad pública, ya que víctimas y testigos podrían temer reportar delitos o si son víctimas de crimen. 

El abogado de inmigración Carlos García señala cuál es el riesgo que la comunidad migrante puede tener con esta ley.

"El riesgo es que ahora, si por cualquier razón el alguacil para a la persona le puede preguntar el status legal y si al caso no tiene documentos de Estados Unidos puede ser detenido por ese alguacil", agrega Carlos García, abogado de inmigración.

También se teme que la aplicación de esta ley genere mayor desconfianza hacia las autoridades, en un momento en que las tensiones migratorias siguen escalando en todo el país.

Si el gobernador Abbott firma la ley en los próximos días, la SB-8 entrará en vigor a partir del primero de enero de 2026. Con esta ley, Texas se consolidaría como el estado con mayor participación de autoridades locales en la política migratoria del país.