El alguacil y el fiscal del distrito del condado Starr se enfrentarán ahora en los tribunales a la unión americana de libertades civiles.

La organización representa a una mujer que fue detenida tras un aborto autoinducido.

Se trata del caso de Lizzelle González, que fue noticia nacional hace dos años cuando fue acusada de asesinato tras tomar píldoras abortivas. 

El fiscal de distrito del condado Starr abandonó el caso días después.

González demandó posteriormente al fiscal y al sheriff, alegando violaciones de los derechos civiles.

González pide más de un millón de dólares por daños y perjuicios. 

La primera vista judicial está fijada para el mes que viene.