MCALLEN – El sheriff del Condado Hidalgo y otros líderes del orden público del Valle del Rio Grande realizaron una rueda de prensa sobre una nueva ley que requiere que las ciudades y las agencias del orden público cumplan con las leyes federales de inmigración.

Las autoridades expresaron sus preocupaciones sobre la Ley 4 del Senado. Su intención era afirmar al público que ellos continuarán operando de forma usual.

“La Ley 4 del Senado no ha cambiado nuestro deseo fundamente o el deseo de que nuestros oficiales del orden público protejan y sirvan a sus respectivas comunidades sin importar su nacionalidad o su estatus inmigratorio,” dijo el Eddie Guerra, Sheriff del Condado Hidalgo.

Guerra agregó que ellos no aplican leyes inmigratorias o deportaciones. Él recalcó que si la persona no ha cometido un crimen o no está sujeto a una orden de detención de ICE, no deben sentir preocupación.

Añadió que algunos líderes autoritarios sienten consternación y analizarán la ley con sus colegas y oficiales policiacos.

“Vamos a tener que entrenarlos y decirles que sigan haciendo lo que ellos saben hacer.”

La ley contra ciudades santuario permite que todas las agencias del orden público realicen preguntas sobre la nacionalidad de una persona y su estatus migratorio. De acuerdo a esta ley, no se requiere que un oficial solicite los documentos solamente si existe una causa probable para hacerlo.

Oficiales del orden público exhortan a la comunidad, sin importar su estatus legal, a reportar todo tipo de crimen.

Guerra dijo que si alguien es testigo o víctima de un crimen y se encuentra en el país de forma ilegal, pueden solicitar el estatus migratorio de la persona. De cualquier manera colaborarán con ellos para intentar mantenerlos en el país con lo que se le conocer una Visa U.

Las autoridades también recalcaron que los oficiales enfrentarán consecuencias si son encontrados discriminando contra las personas.

La ley entrará en vigor en septiembre y podría recortar fondos de subvención estatales a cualquier ciudad o agencia del orden público, que se rehúse a cumplir con la ley.

Bajo esta nueva ley, oficiales del sheriff, constables, jefes de policía y otros líderes podrían enfrentar cargos criminales Clase A si no cooperan con las autoridades federales. Lo mismo aplicaría si no cumplen con las órdenes de detención de parte de los agentes de inmigración.

La ley efectivamente prohíbe ciudades santuario en Texas. No existen ciudades santuario en el Valle del Rio Grande.