RAYMONDVILLE - Un sheriff del Valle del Río Grande dice que una nueva política ayudará a frenar los problemas de financiación necesarios para ejecutar la cárcel.

La Ley Sandra Bland, que se promulgó el 1 de septiembre del 2017, requiere evaluaciones para cada individuo.

Los funcionarios tuvieron que contratar a un psiquiatra, un consular y dos psicólogos para cumplir con los requisitos del estado, lo que afectó los fondos.

El sheriff del Condado Cameron, Omar Lucio, dice que las autoridades han acordado junto con La Jarra Ranch para albergar a varios reclusos enfermos mentales.

"Ayudarán a esta persona y tratarán de incluirlos en el Seguro Social", explica Lucio.

Trason Bragg de KRGV explica cómo esta nueva política no solo ayudará a asignar mejor los fondos, sino que también ayudará a los reclusos enfermos mentales a recibir la ayuda que necesitan.

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